04 noviembre 2013

El autobús de Alicante

Han sido dos semanas movidas para la actualidad municipal de Alicante. Pese a la baja por embarazo de riesgo de su alcaldesa, Sonia Castedo, el Ayuntamiento ha tenido que lidiar con varios problemas de comunicación y gestión con otras administraciones. 

Todas se han resuelto de igual: de manera negativa para la ciudad, lo que demuestra la poca capacidad de influencia que la primera edil –la que ha conseguido los mejores resultados electorales del PP en la historia de Alicante– tiene en otras plazas controladas por su partido.

Un buen ejemplo es la retirada de fondos unilateral del Consell al convenio de transporte urbano metropolitano de Alicante, que ha obligado al consistorio a asumir la financiación de las líneas que unen la capital con otros municipios de la comarca. 

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, el Gobierno valenciano redujo drásticamente su aportación a principios de 2012 sin ninguna negociación previa. Hasta ahora había asumido el 35% del déficit del servicio y la capital se encargaba del resto.

Hoy prácticamente todo el coste del autobús que une Alicante con los municipios de Sant Joan, San Vicente, El Campello y Mutxamel corre a cargo del bolsillo de los alicantinos.

 Así se explica que en enero de 2012 la Concejalía de Tráfico anunciase un incremento del billete del 12% (el mayor de la historia de la ciudad) y un recorte de viajes subvencionados a jubilados. El edil del área, Juan Seva, nunca mencionó los impagos del Consell cuando anunció estas medidas.

Castedo es también diputada autonómica. Fue, de hecho, número 1 de la lista del PP por la provincia de Alicante en los comicios de 2011. Actualmente ya no cobra el sueldo de la cámara autonómica, pero sigue manteniendo su escaño.

Sin embargo, no parece que haya hecho valer su influencia durante todos estos años para conseguir que el Consell esté al día con el servicio de transporte público de Alicante, un problema que no tiene Valencia. Su única intervención hasta la fecha en las Cortes ha sido en respuesta a una petición de Compromís de abrir una investigación del Plan General de la ciudad.

El Ayuntamiento tampoco ha hecho ninguna gestión para conseguir que Fomento financie parte de las líneas de autobús, como ocurre en otros municipios como Málaga. Ha tenido que ser el PSOE quien presente una enmienda en los Presupuestos Generales para que el Gobierno entre en la financiación del sistema.

Y lo más significativo: no ha cambiado el sistema de cobro por kilometraje a la adjudicataria del transporte, un sisetma considerado "lesivo" por el interventor.

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