Cuidado con los timos de alquiler de coches a turistas

Reuniones al más alto nivel empresarial, presiones a las firmas que no querían pasar por el aro, estrategias comunes frentes a las grandes multinacionales... Así funcionaba el cártel de las compañías de aquiler de coches destapado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y en el que están implicadas siete empresas de la Comunidad Valenciana.

El modus operandi de este grupo de empresas (15 en total) sirvió para que durante seis años y medio, los que van de mayo de 2005 a octubre de 2011, los clientes, sobre todo turistas que visitaban la Comunidad Valenciana para pasar unas vacaciones, pagaran sobreprecios por alquilar un coche durante unos días. 

Las empresas se ponían de acuerdo, pactaban una serie de precios mínimos y se repartían el mercado para no hacerse la competencia. Eso, como ya informó este diario, les ha valido multas millonarias. A las siete empresas de la Comunidad salpicadas por este caso (Goldcar, Centauro, Victoria, Solmar, Dickmans, Drivalia y Record Go) les han caído multas por un importe de 27 millones de euros en total.

El regulador tiene bien atado el proceso. Según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, la CNC tiene constatada la celebración de hasta 32 reuniones entre las distintas compañías del cártel para fijar las tarifas del alquiler de los vehículos.

A estos encuentros acudían los principales ejecutivos de cada firma. La mayoría de estas reuniones se celebraron en Alicante, y su coste corría a cargo de las empresas de la provincia inmersas en el cártel. Alicante acogió hasta ocho reuniones de este tipo.

El restaurante Dársena (mayo de 2006) o el hotel Meliá (enero de 2009), fueron algunos de los lugares elegidos para verse. En Valencia se celebró otra reunión, y el resto entre Málaga, Londres y Puerto Lumbreras.

Competencia también asegura en su resolución que "las entidades participantes en el cártel se mantenían en constante contacto, tanto por las características de este mercado como para asegurarse del cumplimiento de los acuerdos adoptados, bien sea a través de conversaciones telefónicas, sms, correos electrónicos, reuniones".

El organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós no sólo interviene la trama gracias al chivatazo de Solmar (también implicada en el cártel pero exonerada de la multa por aportar información), sino también a través de los datos recabados en las inspecciones llevadas a cabo en las empresas. 

Una de estas visitas se produjo el 26 de octubre de 2011 a la sede de la alicantina Goldcar. La CNC recabó información clave de los ordenadores de los directivos de la empresa (correos, anotaciones), que posteriormente han servido para poner negro sobre blanco toda la operativa y los acuerdos alcanzados entre las compañías.

 Por ejemplo, el 19 de octubre de 2006 se reunieron en el restaurante Dársena de Alicante representantes de Goldcar, Auriga, Record y Solmar para tratar los precios semanales de alquiler de los coches, como se constata en el informe interno que hizo Goldcar de la reunión y que fue hallado en la citada inspección en su sede. 

Ese documento manuscrito dice: "Seguimos hablando de los precios y no hay solución. (.) Nadie puede ofrecer por debajo de los 90 euros".

Competencia también se apoya en un correo electrónico interno de Goldcar para certificar la existencia del cártel. En ese mail se refleja que el 1 de febrero de 2011 se celebró una cita entre representantes de Centauro, Guerin, Victoria y Goldcar en Valencia para fijar precios mínimos en Barcelona para dos categorías de coches en varias temporadas.

El directivo de Goldcar pone en su informe interno sobre esta reunión: "(.) Hablamos de la situación en BCN [Barcelona]. Todos pensamos que no debemos bajar los precios tanto y hacernos la competencia. El negocio/cliente de BCN no tiene nada que ver con el resto de la península". 

En mayo de 2011, las empresas intercambiaron correos sobre los precios a asignar a varias categorías de coches para los meses de junio, julio y agosto 2011, en Málaga, Alicante, Sevilla y Valencia.

Todas las empresas niegan su participación en el cártel y van a recurrir el fallo de Competencia ante la Audiencia Nacional, al menos para suspender el pago inmediato de las multas, aunque tendrán que presentar un aval.